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Opinión: No tienen gobierno y tampoco nuestra confianza, la salud está en crisis

Bárbara Espinoza Calixto
Bárbara Espinoza Calixto
Soy estudiante de Periodismo UC en vías de titulación. Con una marcada vocación social, espero cumplir con el rol fiscalizador y el derecho a la información que se espera de un periodismo responsable y ético.

Después de una larga y dura pelea para conquistar los elementos de protección personal, seguridad y remuneración para las y los funcionarios de salud a lo largo y ancho de Chile, son los trabajadores de los diferentes estamentos auxiliares, técnicos, administrativos, profesionales y médicos quienes, en el contexto de encontrarnos con más de 9 mil casos diarios positivos por COVID-19, llegamos al plazo establecido pomposamente por el gobierno para recibir un bono de $200.000.

Sin embargo, hasta el momento, este bono llegó con criterios focalizados (ley de trato usuario) para los contratas y ya estando en la primera semana de abril, observamos que el gobierno por fuera del criterio de los 7 meses de antigüedad de nuestros compañeros y compañeras a honorarios, quiere incorporar el criterio del beneficio para solo aquellos que han estado en servicios críticos.

Esto es inentendible ya que todos los trabajadores y trabajadoras de los diversos puntos, unidades y/o servicios han estado como punta de lanza de todo este proceso.

Prueba de la importancia de toda nuestra fuerza de trabajo y de nuestra universalidad, es lo instruido por el mismo servicio de salud metropolitano central (SSMC) en su Oficio N°270 del 26 de Marzo del presente año, que viene a actualizar los criterios de teletrabajo, obligando a volver a trabajar a una diversidad de nuestros equipos que se consideraban en este mismo contexto del año pasado como una población de riesgo importante, como es el cuidado de NNA, cuidado de adultos, mayores o trabajadores crónicos que se desempeñan en diversas funciones en nuestros servicios.

Lo anterior, se contradice con lo señalado por la subsecretaria de Redes Asistenciales en su ORD.c31/N°873 del 24 de marzo del presente año, en donde dispone que los grupos de riesgo sean separados de sus funciones, para que desempeñen las mismas de forma remota desde los domicilios, justamente con el objetivo de minimizar los riesgos  por contagios.

Lamentablemente, diferentes autoridades parecieran tener oídos sordos ante tanta instrucción. Por el contrario, han privilegiado las ganancias individuales de su gestión, dejando en la marginalidad el respeto y resguardo de la vida de nuestros pares. Dado este contexto, nos preguntamos ¿Es la necesidad de nuestro trabajo universal, pero nuestros beneficios deberían ser focalizados?

Para nadie es confusa la cantidad de positivos que ya vimos anteriormente, con 24.000 muertes y con una comunicación de riesgo que ha sido una de las peores evaluadas a nivel sanitario.

Para cualquiera que se está viendo en la obligación de ir por su sustento diario a algún lugar en el espacio público, se da cuenta que el estado se encuentra ausente en el control de cualquier tipo.

Sin embargo, poco se conoce sobre casi el 55% de riesgos de trastorno mental de acuerdo al informe del estudio “The COVID-19 Health Care Workers Study” de las y los trabajadores a propósito de los impactos que ha tenido la primera línea de la salud.

Sin ir mas lejos y considerando este mismo estudio, es importante señalar que, si bien los principales síntomas reportados son alteraciones en el apetito y del sueño; sin embargo la ausencia de lugares para descansar llega a ser críticos por la falta de infraestructura y aforo dentro de los recintos asistenciales, falta de energía y cansancio; pero la autoridad sanitaria vuelve a restringir días de descanso o administrativos que permitan respirar junto a las familias a cualquiera de las personas que se encuentran cubriendo la falta de gestión de recursos humanos de este gobierno.

Estos síntomas son multiplicados en diversos países, pero la forma de relación y trato al momento de pensar en cada funcionario o funcionaria es la diferencia. Ya no basta con buenas intenciones, diplomas, fotos sonrientes detrás de mascarillas para echarle una mano a la moral de las y los funcionarios de la salud, tratando de llegar al alma, como lo ha indicado el Dr. Juan Kehr, Director del Hospital de Maipú, quien a pesar de la Ley Mordaza, sigue exponiendo la salud pública en los diversos medios televisivos, ahora no entregando los datos nacionales de la crisis en las camas, queriendo figurar a la altura del Ministro Paris y Siches, cabeza del Colegio Médico, sino ahora desde la gestión clínica, oxigenando el comercio televisivo de la figura pública.

Hoy necesitamos respuesta concreta y material a los problemas que nos aquejan, además de mantener una relación justa con quienes somos la fuerza de trabajo de los servicios públicos, solucionar las brechas que tenemos en los establecimientos asistenciales, romper con las tensiones inmaduras de las infraestructuras para resolver los problemas de camas, realizar el pago BONO COVID para todos y todas las trabajadoras honorarios de los centros de salud, resolver los problemas de pago y las brechas salariales que ha significado la diferencia publico/privada, sostener un control sanitario que permita un control pandémico centrado en la atención primaria.

Por Pablo Moya R. Dirigente FENATS Histórica Maipú y

Vanessa Martínez P.  Dirigenta FENATS Histórica Maipú

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