Por Rocío Faúndez
La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) es una violación a los derechos humanos que ocurre cuando una persona o grupo de personas involucran a una niña, niño o adolescente en actividades sexuales, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de compensación (drogas, especies, un lugar donde dormir).
No se trata de prostitución, bajo ningún parámetro: es una acción violenta que tiende a centrarse en niñeces que viven situaciones extremas de precariedad. Nunca es un hecho aislado sino que se extiende en el tiempo; y se sostiene en la auto-responsabilización y eximición de los adultos por parte de niñas y niños involucrados, que muchas veces tienen detrás una historia de violencia física y sexual y abandono afectivo que cruza generaciones.
Quien realiza la explotación se hace pasar, justamente, por una figura protectora, en una maniobra particularmente perversa: “te cuido/te exploto”, lo cual también incide en que se conozca aun menos el fenómeno real.
Es poco lo que sabemos en Chile sobre quienes sufren ESCNNA. ¿Qué es lo que sí sabemos? 62% tiene 15 años o más al momento de ingresar a un programa (lo que indica una edad más temprana de inicio); 87% son mujeres, y también se observa una presencia no cuantificada de niñeces trans; 37,5% proviene de hogares donde el nivel educacional más alto alcanzado por las personas adultas es la básica (completa o incompleta); 7% es extranjero.
Sabemos también que, en 2020, se atendieron 1313 niñas, niños y adolescentes en Programas Especializados en Explotación Sexual de SENAME. Este dato es engañoso, en todo caso, porque muchos casos de ESCNNA son atendidos por otros programas – de maltrato o protección menos especializada- quedando invisibilizados en las cifras oficiales.
Ello sucede, entre otras cosas, porque la oferta pública de programas de protección en Chile está guiada por la voluntad y capacidad de los privados, lo que repercute en que hay regiones completas que no cuenta con estos programas. Sabemos, además, que en 2021 el gobierno ingresó un proyecto de ley para tipificar los delitos asociados a la ESCNNA, el cual sigue en primer trámite.
Otra cosa que sabemos –quizás la más grave- es que en Chile existe ESCNNA dentro de la red pública de protección especial. En efecto, una de las más crueles aristas de las vulneraciones de derechos que se viven en las residencias de protección en Chile –ya largamente documentadas-, es el hecho de que niñas y niños que tras alguna vulneración en sus lugares de origen ingresaron a residencias, han sido explotados sexualmente estando bajo protección del Estado.
En 2019, la Fiscalía Metropolitana Oriente informaba a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de 63 causas por este delito, con 9 condenas. El Hogar de Cristo, en un estudio presentado este año, mostró cómo las redes de ESCNNA desarrollan estrategias de captación, especialmente orientadas a las niñas que viven en residencias de protección.
Nuevamente, y ya a nivel institucional, el límite entre la protección y la explotación resulta difuso. Un supuesto espacio de protección, es en realidad uno de vulneración. No se quiebra la trayectoria vital de abuso, sino que ésta se perpetúa y, peor aún, se cronifica.
Hace poco más de un mes, la Jueza Mónica Jeldres presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de DDHH, solicitando una medida cautelar en favor de las más de 100 niñas, niños y adolescentes del Centro de Administración Directa Pudahuel, donde se encontraron evidencias de ESCNNA. Autoridades comunales y distritales se sumaron a estas acciones, ingresando un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y pidiendo la suspensión de funciones del Centro.
Juan Ignacio Latorre, quien preside la Comisión de Infancia del Senado, ofició a varias instituciones involucradas, incluyendo a la Subsecretaría de la Niñez. Finalmente, este martes se anunció la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, por solicitud de más de 60 diputadas y diputados encabezados por Maite Orsini. Se trata, por tanto, de un tema contingente, que debiese –dada su gravedad- acaparar portadas de la prensa nacional. Sin embargo, no las veremos, pues hablamos de niñas y niños que parecieran no existir ni ser relevantes para el devenir del país.
Voces expertas coinciden en que el nuevo servicio (“Mejor Niñez”) no resuelve los problemas estructurales identificados por el Comité de Derechos del Niño en 2018 en las residencias de protección. Entonces, ¿cómo se avanza? ¿Cómo logramos que Chile proteja a sus niñeces –a todas ellas, incluso las que no queremos ver? Más aún, cómo logramos que los espacios de protección dejen de ser lugar de nuevas explotaciones? ¿Cómo articulamos las voluntades de los actores públicos involucrados en el tema?
Una parte de la respuesta se encuentra en la conformación de una Sistema de Garantías, que coordine efectivamente a las instituciones pertinentes, para lo cual la promulgación de la Ley Integral de Garantías es un pre requisito. Otra parte está en sostener la atención de la ciudadanía y la sociedad civil en este tema, aprovechando la visibilidad que podría dar la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el accionar de la nueva Comisión Investigadora (en caso que ésta sea eficaz en su tarea) y el avance del proyecto de ley ingresado.
En el Día Internacional contra la ESCNNA, y a nombre de cada niña y niño que ha visto violado sistemáticamente sus derechos en el sistema de protección, es imperativo recordar que, para que Chile sí cambie, necesitamos afirmar decididamente la protección y separarla, por fin, de la explotación.
